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BAJA CALIFORNIA  
 

Cabo San Lázaro: riesgo de despojo a pescadores

Yenise Tinoco / David Cilia, fotos / enviados
Impulsado por el gobierno perredista de Narciso Agúndez y autoridades municipales, el empresario Luis Cano busca apropiarse de 2 mil 200 hectáreas en Cabo San Lázaro. El objetivo sería la creación de un desarrollo inmobiliario al que ya se le llama “el Cozumel del Pacífico”. A la reyerta por el lugar, que por décadas ha poseído una cooperativa de 60 familias pescadoras, también se ha incorporado el gobierno federal a través de la Semarnat.

 

 


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Comondú, Baja California Sur. Una chalana oxidada –fragmento de una antigua plataforma de buque– es el transporte en el que todos los días los pescadores de la cooperativa San Carlos llevan agua potable, gasolina y alimento a sus compañeros que cada madrugada salen a pescar langosta y abulón, según la temporada, en los alrededores de Cabo San Lázaro.

Sin importar los vientos y las bajas temperaturas en López Mateos, comunidad de Comondú, la salida hacia la isla es a las siete de la mañana. Para entonces, los víveres tienen que estar acomodados en la camioneta de redilas, que al bajar de la chalana, luego de navegar unos 15 minutos en marea baja, recorre un trayecto de 60 kilómetros, entre dunas y caminos terregosos, para llegar al primer campamento de los pescadores.

Ahí, una docena de chozas de madera y lámina son el refugio nocturno de los lugareños a quienes les corresponde salir al mar. No hay agua potable, luz ni drenaje. Dentro de las modestas viviendas aguardan con el desayuno o comida preparada, según la hora, algunas esposas, que se encargan de alimentar a todos los pescadores que en el momento se encuentren en la isla.
Los integrantes de la cooperativa San Carlos tienen la posesión y explotación de Cabo San Lázaro, propiedad de la federación desde 1960, cuando obtuvieron oficialmente la concesión para pescar langosta, abulón, camarón, almeja catarina, pescado y escama. Actualmente, la asociación cuenta con 28 socios y el mismo número de pescadores libres que trabajan para ellos.

Mientras guisa mariscos, una de estas mujeres, quien sólo especificó ser “la esposa de Diego, un pescador libre”, dice que cuando les va muy bien comen frijol, arroz y carne; cuando el tiempo es malo, su alimentación son langostas y abulón. Ambos productos son de los moluscos más caros en el mercado. Una langosta en la capital del estado, La Paz, cuesta alrededor de 18 dólares.

Las modestas cabañas se alzan tras un cerro que los protege de los fuertes vientos provenientes del Pacífico, y frente a las aguas mansas del manglar, donde permanecen las langostas próximas a ser descoladas y refrigeradas para su venta.

Modesto Camacho, presidente del Comité de Vigilancia, dice que la isla tiene una gran vocación por la pesca comercial, deportiva y recreativa; surfing; camping, y vela. Actividades que no han sido explotadas por los posesionarios; sólo la parte comercial. Hace más de un año los pescadores fueron informados que un particular solicitó ante la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) la desincorporación del terreno federal a su favor, con anuencia de las autoridades estatales y federales.

Camacho asegura que, de quedarse sin la isla, más de 60 familias perderían su trabajo: “Tendrían que ponerse a piratear (pescar sin permisos oficiales) para poder sostenerse, porque, qué más les queda hacer. Nos quedaríamos sin ingresos”.
Luis Camacho, presidente del Comité de Administración de la cooperativa, considera que ese tipo de autoridades son las que hacer al ciudadano común “un malandrín”. Explica: “Yo no tengo vicios; pero tengo una familia y soy capaz de hacer muchas pendejadas por sacarlos adelante; nos está provocando a reaccionar de la forma que ellos hacen, por la espalda”.


Posesión con documentos falsos

En más de 60 años ninguna autoridad había visitado la isla. Fue hasta febrero de 2007 cuando el entonces presidente de Comondú, Marco Covarrubias, llegó al lugar con algunas cobijas y despensas para los pescadores. Dos meses después, apareció el gobernador del estado, Narciso Agúndez, acompañado de elementos de la zona naval, a bordo de lanchas rápidas.
Agúndez regresó a Cabo San Lázaro, ahora en helicóptero. Esta vez iba acompañado con parte de su gabinete y Luis Cano Hernández, empresario inmobiliario. El ejecutivo estatal llevó a los lugareños cobijas, despensas y dos placas solares.

Filiberto Beltrán, representante legal de la cooperativa, dice que para los pescadores la visita de las autoridades significó “un gran evento”. Le ofrecieron al gobernador lo que tenían a la mano; sin embargo, la gente no imaginaba que Agúndez fuera a promocionar la isla, por eso se hizo acompañar por Cano Hernández.

Ésa fue la primera y única ocasión que el empresario fue visto en el lugar; sin embargo, según los directivos de cooperativa San Carlos, Cano Hernández presentó la documentación para solicitar la desincorporación de Cabo San Lázaro como terreno nacional a su favor, ante la Secretaría de la Reforma Agraria.

Uno de los documentos que entregó a la dependencia fue una constancia firmada por el alcalde de Comondú y el delegado municipal de San Carlos, Ernesto Prieto, quienes certificaban que Luis Raymundo Cano Hernández estaba en posesión y explotación del predio conocido como Cabo San Lázaro, desde hace más de 10 años.

En el escrito no se precisa el domicilio de Cano Hernández, sólo indica que es en la población de San Carlos, municipio de Comondú. El empresario, quien es dueño de la inmobiliaria Paraíso del Mar, tiene su domicilio particular en San José del Cabo, en el municipio de los Cabos, a unas siete horas del lugar en cuestión.

Contralínea solicitó entrevista con Luis Cano. En las oficinas de Paraíso del Mar, ubicadas en el centro de la capital del estado, se informó que podría realizarse vía telefónica con el empresario o con el administrador del proyecto, John Fair; sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Sanción
Tanto Covarrubias como Prieto pueden ser acusados de falsificación de documentos, como lo prevé el Código Penal Federal en el artículo 246 en su segunda fracción: para “el notario y cualquier otro funcionario público que, en ejercicio de sus funciones, expida una certificación de hechos que no sean ciertos, o da fe de lo que no consta en autos, registros, protocolos o documentos”.

La sanción para ambos sería la cárcel, de acuerdo con el artículo 243 de la misma norma. “El delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos públicos, con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días multa. Si quien realiza la falsificación es un servidor público, la pena de que se trate, se aumentará hasta en una mitad más”.

 

Acuerdo de improcedencia

Jisela Paes Martínez, delegada de la Reforma Agraria en Baja California Sur, confirma que Cano Hernández presentó una solicitud el 7 de junio de 2006 ante la dependencia, donde pidió más de 2 mil 230 hectáreas pertenecientes a Cabo San Lázaro.
Paes Martínez dice que la delegación inició el trámite a favor del empresario; sin embargo, unos meses después, los pescadores del lugar se acercaron a ellos para informar que son los que tienen la posesión de la isla.

La funcionaria explica que documentalmente no sabían si se trataba de la misma superficie, por lo que acudieron al predio a realizar una inspección ocular con el fin de determinar quién se encontraba en posesión del predio. Tras dicha acción, las autoridades constataron que se trataba de la misma superficie, y que eran los pescadores quienes estaban en el lugar.
La Reforma Agraria dictó un acuerdo de improcedencia el 9 de julio de 2007, respecto de la solicitud presentada por Luis Cano.


Proceso

Paes Martínez explica que cuando alguien solicita la desincorporación de terrenos nacionales, lo que procede es dictar un acuerdo de radicación y se hace una investigación de antecedentes de registro que pudiera existir del predio, en registro público, catastro y la delegación de registro agrario nacional, para determinar si el terreno no ha salido del dominio de la nación o está registrado a favor de otras personas.

Luego, agrega, se procede a dictar un acuerdo de procedencia y se solicita la autorización del folio. Una vez autorizado, se programa para ir a medir el predio. La solicitud de Cano Hernández llegó hasta la autorización del folio.

La delegada puntualiza que se debe de tener el predio en posesión por lo menos tres años para poder solicitarlo ante la Reforma Agraria.

 


Otras solicitudes

De acuerdo con Paes Martínez, el gobierno del estado metió una solicitud el 18 de enero de 2008, donde pedía desincorporar Cabo San Lázaro a su favor. La funcionaria explica que cualquier gobierno que pida un predio tiene que argumentar el porqué de su solicitud, ya que –se supone– es en cumplimiento de sus mismos fines.
En este caso, el gobierno encabezado por Agúndez no justificó la solicitud. Sólo pedía para sí las más de 2 mil hectáreas.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), también hizo una solicitud respecto a la isla. El día 7 de enero del presente, la dependencia presentó la documentación ante la SRA.

Además, 43 pescadores, entre cooperativistas y libres, hicieron lo propio, para –luego de más de medio siglo de estar en posesión de Cabo San Lázaro– convertirse en dueños legales de la isla.

Paes Martínez explica que la federación tiene derecho de preferencia para solicitar el terreno, ante los gobiernos estatal y local, y los particulares.

 


Tercera zona productiva

En la zona de playa de Cabo San Lázaro, el viento proveniente del Pacífico forma enormes olas, que llegan a tocar las áridas arenas del desierto; unos kilómetros adentro, una centena de lobos marinos hizo de una parte de la isla su hogar, que los pescadores llaman “la lobera”; la parte interna del cabo es bañada por las aguas azules que desembocan en el manglar; ahí, el mar permite, dependiendo el viento, surfear o practicar la vela.
En una vasta región del cabo se da el avistamiento de la ballena gris, de diciembre a marzo; la tortuga amarilla, que viene de aguas de Japón; la tortuga negra, que anida en la región. Bahía Magdalena es el tercer cuerpo lagunar de importancia en el mundo, tiene zonas que se alimentan de nutrientes de corrientes submarinas, como la llamada Humboldt, proveniente del Pacífico.
Filiberto Beltrán dice que Isla Magdalena, conjunto de cabos adonde pertenece San Lázaro, es considerada la tercera zona productiva de potencial en el mundo. Pero lo que se requiere –agrega– es una administración adecuada, para respetar la vocación natural del lugar, que es la pesca comercial.

 


Intenciones del PAN

Beltrán comenta que los pescadores se enteraron de la pretensión del gobernador y de Cano Hernández, respecto a la isla, por el presidente del Comité Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Héctor Jiménez.

El líder pesquero considera que la gestión del militante del blanquiazul “tiene clarososcuros”, ya que incumplió con su deber de poner en antecedentes a los pescadores sobre un posible desalojo de la isla; además de que, con el apoyo de la SRA, pretende ser parte de la repartición de las hectáreas en pugna.

“Cuando le decimos a Acción Nacional –en el estado– que llegó el momento de definir qué modalidad de tenencia de la tierra nos conviene más, el presidente del PAN me dice, ‘pues la que más convenga Filiberto; pero para que puedan ser sujetos de crédito es mejor que sea la privada’. Nosotros sabemos que si uno vende se va a empezar a comercializar el resto y se perderá la vocación natural que tiene la zona”, sostiene.

Beltrán dice que para evitar la comercialización de los terrenos de la isla, ellos piden a la Reforma Agraria que Cabo San Lázaro sea considerado un ejido pesquero.


SRA: inmobiliaria

El líder explica que la delegada de la SRA en el estado, Jisela Paes Martínez, le comentó que “estaba muy inquieta por la visita de un representante de las oficinas centrales para recomendarle que detuviera el proceso de Cabo San Lázaro, en virtud de que ya había un arreglo entre los pescadores y un empresario inmobiliario, quien ofreció pagar a cada uno de éstos 30 mil dólares”.

Eliseo de la Toba, representante de los pescadores ante la Reforma Agraria, dice que Jisela Paes fue quien informó a los posesionarios de la isla que había un ofrecimiento para cada uno de ellos de 30 mil dólares, oferta que meses después aumentó a 40 mil.

Paes Martínez niega tales aseveraciones, y afirma no haber sido el emisario de los ofrecimientos; sin embargo, reconoce que a sus oficinas acudieron abogados provenientes del Distrito Federal, para informarle que existía una oferta para comprarles los terrenos a los pescadores.

“En todo momento me negué a ser el intermediario entre los abogados y los pescadores; la función de la SRA no es ser inmobiliaria”, dice la funcionaria federal.

 


Reserva ecológica

Ante la posibilidad de que la Conanp se quede con la posesión de la isla, Filiberto Beltrán dice que el decreto de convertir Cabo San Lázaro en un parque ecológico no les asusta, y que por el contrario les beneficiaría por la existencia de un plan integral de manejo de los recursos del lugar.

Incluso, considera que el nombramiento de reserva de la biosfera sería un paso positivo para los pescadores, más que cualquier proyecto de urbanización que se pudiera dar.
Por su parte, el presidente municipal de Comondú, Joel Villegas, quien a finales de abril tomó posesión del cargo, informa que está trabajando en una propuesta para convertir la isla en un parque ecológico. Asegura que el  proyecto que presentará será consensuado con los pescadores del lugar.


Agúndez, en contra

El pasado 12 de mayo, el gobernador del estado tuvo conocimiento de la solicitud por parte de la Conanp para quedarse con la isla. La reacción de Narciso Agúndez fue la negativa a que Cabo San Lázaro se convierta en una zona natural protegida. Argumentó que se limitarían las actividades productivas de las familias que habitan la región.
Agúndez declaró, en un programa de radio local, que una posible declaratoria de reserva confinaría el desarrollo económico y social de las comunidades. Agregó que exigirá al gobierno federal frenar el trámite iniciado por Semarnat.

“Vamos a estar muy atentos a este proceso y vamos a exigir al gobierno federal que también piense en la gente, que es el principal recurso y activo de Baja California Sur”, dijo el gobernador.

Desde el 2 de mayo, Contralínea solicitó entrevista con el ejecutivo estatal. Al cierre de esta edición no se recibió respuesta.

 


Japoneses al acecho

Filiberto Beltrán dice que Luis Cano no es el único particular interesado en quedarse con la isla. Hace un par de años, cuando Agúndez tomó posesión como gobernador, un grupo de japoneses, cercanos a éste, mostraron su interés, primero por el abulón que se pesca en los alrededores, y luego en los terrenos del cabo.

Beltrán recuerda que los orientales se acercaron a él para conocer Cabo San Lázaro, adonde acudieron acompañados del líder pesquero para constatar que era en las aguas del lugar donde se pesca el abulón que comercializa la cooperativa. En aquella ocasión los japoneses tuvieron la oportunidad de recorrer la isla.

   
Hectáreas en disputa: 2 mil 230
Número de solicitudes de posesión: 4 (Luis Cano, pescadores y los gobiernos estatal y federal)
Pescadores cooperativistas: 28
Pescadores libres: 30
Años que tienen los pescadores trabajando en el lugar: oficialmente 48; aunque desde hace más de 60 años laboran en el lugar
Número de veces que Luis Cano ha estado en la isla: 1

       

Publicado en: Junio 2008 / Año 01 / Número 01



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